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Implantación de Sistemas de Control de Prevención del Delito.

La entrada en vigor, el pasado mes de Julio, de la modificación introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, supone una radical alteración del escenario de Responsabilidad para las Entidades Mercantiles y sus representantes.

Esta modificación ha optado por imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas desde una doble vertiente:

• Cuando los delitos sean cometidos por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
• Cuando los delitos sean cometidos por los trabajadores de la empresa, si ésta no ha ejercido sobre ellos el debido control.

Para evitar el riesgo de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es necesario acreditar que los Gestores y Administradores han ejercido el ‘debido control’ sobre los colaboradores sometidos a su autoridad.

Este nuevo escenario implica que las sociedades, a través de sus representantes legales, deberán dar estricto cumplimiento a una nueva y fundamental obligación, como es la implantación de sistemas de control de prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y sus Administradores incurran en riesgo serio de responsabilidad personal; de la misma manera en que se han establecido medidas de prevención en materias como los Riesgos Laborales, el Blanqueo de Capitales, o la Protección de Datos.

El Programa de Prevención de Delitos, también conocido como Corporate Compliance, se configura como un sistema de gestión de riesgos penales de la empresa diseñado conforme a la especiales circunstancias de la entidad, con el objetivo de, prevenir, detectar y, en su caso corregir, los delitos que eventualmente puedan producirse en la compañía y que puedan dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Con la finalidad de colaborar en el proceso de definición de un Plan de Prevención de Delitos de cualquier sociedad, el BUFETE CISNEROS, cuenta con un departamento multidisciplinar de PPD-Corporate, proponiéndoles mediante la realización de un cuestionario presencial, y de naturaleza aproximativa, la elaboración de un presupuesto de ejecución e implantación en su sociedad del Programa de Prevención de Delitos.